El Jury apartó al juez Ernesto García Maañón y la causa ya acumula seis cargos

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió separar del cargo, en forma preventiva, al juez Ernesto García Maañón, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro. El magistrado ya se encontraba haciendo uso de licencia por decisión de la Suprema Corte provincial, según fuentes judiciales.

El origen de la denuncia

El expediente se abrió en julio de 2025, cuando una funcionaria que se desempeñaba en esa cámara presentó una denuncia ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense. En su relato describió mensajes del magistrado con comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, además de propuestas de encuentros personales. La presentación fue acompañada por chats y audios que la víctima conservó como respaldo.

A partir de ese escrito se ordenó un sumario administrativo y, en paralelo, se inició una investigación penal preparatoria a cargo del fiscal José Amallo, de la fiscalía 1 departmental de San Isidro. En noviembre de 2025, la Procuración General bonaerense formalizó la denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento y, más tarde, se acumuló al expediente una presentación del Colegio de Abogados de San Isidro.

Los seis cargos que sostiene la acusación

• Acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres, con base en mensajes y audios aportados por la denunciante.
• Malos tratos reiterados a empleados y funcionarios, expresados en descalificaciones y órdenes arbitrarias.
• Uso de recursos del Estado para beneficio propio, según surge del sumario administrativo.
• Trato irrespetuoso hacia superiores y empleo de referencias a su cargo con fines de intimidación.
• Presuntos intentos de influir sobre testigos y evitar que declaren en su contra.
• Delegación irregular de la firma digital, en aparente violación de la normativa vigente.

El jury es presidido por el titular de la Suprema Corte provincial, Sergio Gabriel Torres, y se completa con conjueces abogados y conjueces legisladores designados por el procedimiento vigente. La próxima instancia será el análisis y la valoración de la prueba incorporada, en vistas a resolver la situación definitiva del magistrado.