Mendoza abre una vía gratuita para que consumidores renegocien deudas con sus acreedores

La Dirección de Defensa del Consumidor de Mendoza puso en marcha un mecanismo formal para que los consumidores finales puedan renegociar deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales y otras financiaciones de consumo. El procedimiento es gratuito y se canaliza a través de la Oficina de Conciliación de Reestructuración de Deudas de Consumo (OCDC), un ámbito en el que la Provincia oficia de mediadora entre el deudor y sus acreedores, sin imponer condiciones de manera unilateral.

Quiénes pueden acceder y bajo qué parámetros

Para activar la instancia, la persona debe tener domicilio real en Mendoza, ser consumidora final y atravesar una situación grave o inminente de insolvencia personal o familiar. El criterio central es económico: se considera que existe un cuadro crítico cuando los compromisos financieros superan el 30% de los ingresos mensuales netos de quienes conviven en el hogar. Ese umbral desciende al 25% en los casos de especial vulnerabilidad social.

• Hogares con menores a cargo.
• Personas con discapacidad.
• Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.
• Personas desempleadas.
• Beneficiarios de programas sociales.
• Trabajadores informales.

Vamos a los números: además del requisito de vulnerabilidad patrimonial, la normativa fija un tope de capital adeudado. La deuda total no puede superar el equivalente a 100 salarios mínimos, vitales y móviles vigentes al momento de solicitar la intervención. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos deja al solicitante fuera del procedimiento.

Qué deudas entran y qué deudas quedan afuera

El alcance de la conciliación abarca préstamos personales, financiamiento de compras en comercios, tarjetas de crédito y deudas contraídas con plataformas financieras autorizadas, mutuales y cooperativas. En paralelo, el procedimiento excluye de manera explícita las obligaciones con garantía hipotecaria, las deudas alimentarias, las multas y las sanciones penales, así como los pasivos empresariales o comerciales que no estén vinculados al consumo familiar. Esa delimitación marca un primer filtro que reduce el universo de candidatos y concentra la herramienta en el sobreendeudamiento de las familias.

La convocatoria parte de la OCDC, que es la oficina donde el consumidor debe presentar el detalle de sus acreedores, los importes adeudados y un inventario actualizado de activos y pasivos. A partir de esa presentación, Defensa del Consumidor cita a las entidades acreedoras, que disponen de hasta 10 días hábiles para informar su posición sobre la deuda y, eventualmente, acercar una propuesta de reestructuración.

Qué se puede negociar y qué se puede esperar

El menú de alternativas contempla, según lo previsto en la normativa, la extensión de los plazos de pago, la fijación de períodos de espera, la eliminación o reducción de intereses punitorios y gastos por mora, y la posibilidad de acordar nuevos esquemas de cuotas. Cualquiera de estas variantes requiere el consentimiento expreso del acreedor, lo que significa que el resultado depende de la voluntad negocial de ambas partes y no de una decisión administrativa. En los hechos, la Provincia no puede forzar quitas ni imponer condiciones a bancos, financieras o comercios.

Comparado con el año anterior, cuando la herramienta todavía no estaba operativa, el cambio más relevante es la existencia de un canal institucional específico para abordar el sobreendeudamiento de las familias mendocinas, en lugar de derivar cada caso a instancias judiciales o a acuerdos privados sin intervención pública. La creación de la OCDC formaliza un procedimiento que hasta ahora se resolvía de manera dispersa, aunque la eficacia final seguirá atada a la disposición de los acreedores a aceptar los nuevos términos.

El indicador a seguir, en las próximas semanas, será la cantidad de audiencias convocadas por la OCDC y el porcentaje de acuerdos efectivamente homologados, dos variables que permitirán dimensionar si la herramienta consigue traducirse en soluciones concretas para los hogares sobreendeudados o si queda limitada a una instancia de mediación sin resultados palpables.