Pilar: la socia de la concesionaria declaró y apuntó contra clientes morosos por dos millones de dólares

Cynthia Chamoles, de 44 años, compareció ante el fiscal Andrés Quintana para dar su versión sobre las acusaciones que pesan en su contra y contra su pareja, Carlos González, de 43. Ambos se encuentran detenidos desde el operativo realizado en su domicilio del barrio cerrado Las Condes, en Pilar, según fuentes judiciales.

La versión de la imputada

En su declaración indagatoria, C. Ch. sostuvo que los incumplimientos de la concesionaria Autos Pilar Premium respondieron a un desfasaje financiero generado por clientes que adquirieron vehículos con financiamiento y dejaron de pagar las cuotas en el último período. La mujer afirmó contar con pagarés documentados por entre 500.000 y 600.000 dólares y aseguró que el total de deudas a cobrar asciende a unos dos millones de dólares.

Chamoles identificó entre los deudores a un DJ de reconocida trayectoria, cuya identidad se mantiene bajo reserva judicial. "Se le entregó una Land Rover Evoque. Nos debe 120.000 dólares. Nunca nos pagó", declaró ante el fiscal, según consta en el expediente. Además, mencionó una Lamborghini Urus valuada en 800.000 dólares que cuenta con embargo vigente y cuya liberación consideró clave para recuperar liquidez.

Los damnificados registrados

La causa, que tramita en la fiscalía a cargo de Quintana, registra al menos 35 damnificados. Entre ellos figuran Joaquín Pichot, hermano del excapitán de Los Pumas Agustín Pichot, quien habría entregado una camioneta Ford Ranger Raptor en consignación sin recibir el producido de la venta. También aparece el diputado nacional Manuel Quintar, quien según la denuncia pagó 285.000 dólares por un Tesla Cybertruck que nunca le fue entregado, parte mediante transferencias bancarias y parte en efectivo.

El descuadre que reconoció el titular

• C. G., de 43 años, describió un descalce financiero de seis millones de dólares en su propia indagatoria.
• La firma pasó de un local en el Shopping Champagnat a una sede sobre la colectora del ramal Pilar de la Panamericana, con picos de cien vehículos vendidos por mes.
• El inicio de la debacle se atribuye a una causa federal previa por desobediencia, vinculada al uso de un predio lindante a la autopista como playa de exhibición no autorizada.
• El juez federal de Campana ordenó el retiro de los rodados; al reocupar el espacio, se secuestraron nueve unidades y se procesó al titular por desobediencia.

La próxima instancia en el expediente será la resolución del juez sobre la situación procesal de los imputados, mientras la fiscalía avanza con las medidas para recuperar activos y dar con los vehículos involucrados en las operaciones denunciadas.