Procesan al exagente R.M. y le traban un embargo por 300 millones por lavado de activos

La Justicia Federal procesó al exagente de la SIDE Raúl Martins, de 77 años, por lavado de activos y le impuso un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos. La resolución lleva la firma de la jueza María Servini, titular del juzgado federal que interviene en la causa.

La medida se dictó con prisión preventiva, según fuentes judiciales consultadas por este portal. El expediente investiga presuntas operaciones destinadas a incorporar al circuito económico formal dinero que, para la magistrada, provendría de la explotación sexual de mujeres.

El eje del descargo

Durante la indagatoria, R.M. optó por no responder preguntas y presentó un escrito en el que pidió el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. La defensa intentó desligarlo de los hechos al sostener que las 26 operaciones atribuidas —compras de inmuebles y manejo de sociedades— correspondían a los períodos 2009-2010-2011-2012.

Según ese planteo, esas fechas serían anteriores al tramo de explotación sexual que la propia causa ya considera acreditado, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014, y limitado al local de avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre. La defensa añadió que otras nueve denuncias contra locales vinculados habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata.

Lo que resolvió la magistrada

Servini rechazó el argumento. Entendió que una sociedad creada con anterioridad al tramo del delito puede ser utilizada más tarde para administrar u ocultar fondos de origen ilícito, por lo que la fecha de constitución de las empresas no descarta, por sí sola, las maniobras investigadas.

• Evaluó en conjunto la actuación de sociedades argentinas y extranjeras.
• Analizó los poderes de administración y el rol de familiares del imputado.
• Concluyó que Martins mantuvo el control efectivo de la estructura aunque no figurara como beneficiario final.

La causa se abrió el 6 de marzo de 2013, tras una denuncia anónima al Ministerio de Seguridad que alertaba sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre. R.M. había sido detenido en México en 2019 y extraditado desde Cancún a la Argentina, donde quedó a disposición del juzgado interviniente.

Con el procesamiento firme, la próxima instancia será la elevación a juicio oral, según fuentes judiciales.

“La fecha de constitución de las empresas no alcanza, por sí sola, para descartar las maniobras investigadas.”Juzgado Federal a cargo de María Servini