Un enfermero de Rosario fue condenado por vender fentanilo y otras drogas hospitalarias a través de redes sociales

La Justicia federal de Rosario condenó a Luis Benavídez, L.B., de 49 años, a cuatro años y seis meses de prisión efectiva por haber comercializado fentanilo y otros medicamentos de uso hospitalario sustraídos del Policlínico PAMI II, donde se desempeñaba como enfermero desde 2014. La pena incluyó la inhabilitación por el mismo período para ejercer la enfermería y para ocupar cargos públicos, según fuentes judiciales.

El hombre trabajaba en el Policlínico PAMI II de Rosario y ofrecía las sustancias por redes sociales. Las obtenía del establecimiento donde se desempeñaba desde 2014 y coordinaba las entregas a través de mensajes de texto y de audio.

Cuatro cargos en una misma condena

• Comercio de estupefacientes, por la venta de fentanilo.
• Comercialización de sustancias medicinales peligrosas con ocultamiento de su carácter nocivo, por bromuro de vecuronio.
• Hurto, en perjuicio de la institución de salud donde trabajaba.
• Tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil, una pistola secuestrada en uno de los allanamientos.

La condena fue el resultado de un acuerdo pleno alcanzado entre la Fiscalía Federal Nº 2 de Rosario y la defensa. El juez federal de garantías Carlos Vera Barros homologó ese convenio en una audiencia celebrada el 4 de septiembre, luego de que Benavídez reconociera los hechos, su intervención en ellos, las pruebas reunidas por la acusación, la calificación legal y la pena solicitada.

La pesquisa se inició a partir de la denuncia presentada por el padre de un hombre de 37 años, R.M., que fue encontrado muerto en su departamento el 9 de agosto de 2023. El hombre había concurrido a la Unidad Fiscal Rosario con el teléfono de la víctima y documentación en la que señalaba que su hijo compraba fentanilo y otras sustancias a un enfermero. Esos intercambios aportaron los primeros indicios sobre la actividad del ahora condenado.

La causa por la muerte del comprador había sido archivada en la justicia provincial. La autopsia no logró determinar la causa de fallecimiento y el laboratorio no contaba con las técnicas necesarias para confirmar la presencia de vecuronio. Aunque no se descartó un origen toxicológico, el resultado no permitió atribuir el deceso a una sustancia específica. La investigación federal, en cambio, avanzó sobre la cadena de comercialización de los medicamentos.

“Las conversaciones y los mensajes de audio del teléfono de la víctima fueron clave para reconstruir la mecánica de las ventas y vincular a L.B. con la provisión de las sustancias.”Fuentes judiciales

De acuerdo con la acusación, L.B. ofrecía sustancias de uso hospitalario, coordinaba su entrega y las obtenía del Policlínico PAMI II. La Fiscalía sostuvo que las pruebas reunidas incluían registros de conversaciones, secuestros de medicamentos en los allanamientos y el arma de fuego que derivó en uno de los cargos de la condena. La defensa no objetó el cuadro probatorio y consintió la calificación legal propuesta por el Ministerio Público Fiscal.

La pena de cuatro años y seis meses se cumplirá de manera efectiva en una unidad del Servicio Penitenciario Federal, en tanto la inhabilitación se extenderá por idéntico período una vez cumplida la condena. La sentencia quedó firme tras la homologación judicial del acuerdo. La próxima instancia será la ejecución penal ante el Juzgado Federal de Ejecución que corresponda, donde se controlarán los plazos de cumplimiento de la prisión y de la inhabilitación profesional.